Contar con un sistema de Justicia ágil y eficiente es una larga aspiración, y los momentos de crisis económica que debemos hoy no pueden hacernos olvidarla. Porque, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la percepción que se mantiene en la opinión pública no se corresponde con la que debiera tener un servicio público accesible y moderno. La duración media de los procesos judiciales es excesiva, prácticamente todos los expedientes se sustancian en soporte papel y dos de cada diez sentencias son dictadas por un juez sustituto o un magistrado suplente.
La sociedad española demanda un nuevo modelo de servicio público de Justicia; y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya planteó en su discurso de investidura que la modernización constituía un “objetivo crucial e inaplazable”.
Y dicho y hecho: ya tenemos el fruto de ese deseo. Se trata de la elaboración, a través del Ministerio de Justicia de un Plan Estratégico de Modernización del sistema de Justicia 2010-2012, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de Septiembre.
La modernización de la justicia en España no requiere sólo de más recursos humanos y materiales, sino de una reforma en profundidad. Sin embargo, como dice el Ministro Caamaño: “El Gobierno no pretende una revolución, sino una reforma sensata, porque hay que arreglar el avión en marcha; no se puede parar porque es un servicio público esencial y los cambios hay que hacerlos en vuelo”.
Es por ello que el Gobierno planteó un pacto social por la Justicia - del cual deriva este plan estratégico -, ampliamente consensuado y debatido. Se quiere un plan de todos (grupos políticos, CC. AA., asociaciones profesionales, CGPJ, entidades públicas y organizaciones sociales) y que sólo entre todos podremos hacer realidad.
El objetivo que persigue el plan es ni más ni menos que lograr un servicio público de calidad: una Justicia profesional y altamente cualificada, una Justicia tecnológicamente avanzada, que sea un servicio orientado a las personas. Además, y dada la creciente interdependencia mundial, se pretende reforzar la cooperación jurídica internacional.
Dada la profundidad y ambición de la reforma, su ejecución se plantea progresivamente en los próximos 3 años. Este año ya se han iniciado las reformas normativas, la nueva planta y demarcación, la nueva oficina judicial, procesos telemáticos o lo relacionado con el registro civil.
Se pretende, además, que los cambios produzcan sinergias. Un ejemplo: nuestro Gobierno, con el Ministro al frente, apuesta por un registro civil que deje de ser los 8.000 registros civiles que hay en España (con una concepción del siglo XIX) en los que localizar hoy la información de una persona es tremendamente complejo. Por cierto: en la mayoría de ellos, además, todo se hace en soporte papel, cuando la tecnología actual permite contar con una sola base de registro informatizada con los datos de cada persona. Llevando a cabo la propuesta, se desjudicializará el registro civil y se podrá crear un servicio que atienda telemáticamente al ciudadano, que además mantendrá la misma referencia durante toda su vida coincidente con los datos del DNI y la Seguridad Social independientemente del territorio español en el que esté.
El Gobierno está convencido, ilusionado y empeñado en conseguir esta Justicia ágil, clara y prestada en tiempo razonable, puntual con los ciudadanos. Existe consenso en la necesidad de entrar a fondo en la modernización, y si las CC.AA. - empezando por la nuestra, Navarra - aúnan esfuerzos y se coordinan todos los medios, los cambios que veremos en el 2012 supondrán una mejora sensible de nuestro sistema de justicia.
El futuro ya ha comenzado. Ese avión que queremos arreglar en marcha ya está en el aire, lo dirige un excelente piloto y los depósitos se encuentran llenos de carburante. Ya sólo nos falta cooperar todos para felicitarnos todos de sus resultados en el 2012.
