Hola a todos:
Me paso hoy por aquí porque tengo rondándome en la cabeza, a raíz de varias conversaciones con diferentes conocidos, un tema que me preocupa. Está relacionado con la vivienda, asunto éste sobre el que he trabajado mucho en el Parlamento Foral, y con la situación especial de un colectivo que, a mi juicio, parece no existir de momento en baremos y leyes. Y eso que, cada vez, parece más abundante. Hablo de l@s separad@s.
Es preocupante, al menos para mí, que este colectivo no tenga respuesta (o, al menos, no adecuada en mi opinión) a sus necesidades de vivienda. No puede ser que, debido a una separación-divorcio, quien salga de la vivienda común se encuentre con que le resulta imposible pagar una vivienda si no dispone de un alto nivel retributivo. Y, cuando hablo de no poder pagar una vivienda, no hablo de comprarla, sino incluso de alquilarla.
Ni compra ni alquiler
Porque la situación es la que sigue. Si quiere acceder a la compra de vivienda de VPO, está en peor condición que un soltero y mucho peor que un joven que viva en casa de sus padres. Puede incluso que no cumpla los requisitos para hacerse con una VPO porque tiene a su nombre una vivienda: claro, ¡la que ocupa su cónyuge!
Si quiere acceder al alquiler, le ocurrirá lo mismo que al resto de los ciudadanos: como no hay oferta pública suficiente, tampoco puede.
¿Qué le queda? Pues, en el mejor de los casos, alquiler libre; y, en el peor, vivir en un piso de habitaciones alquiladas (con derecho a cocina) y compartiendo gastos y servicios con otras personas. Y, ¡sí!, amigos y amigas: hay personas así, ciudadanos navarros en estas circunstancias, y no pocos. En esta Navarra que presume ser de 10, hay personas, hombres o mujeres, a quienes les quedan unos 700 euros (salario mínimo interprofesional) tras pasar la pensión a su ex. Imaginaos: con 700 euros, vive, trabaja, come...
Soluciones al problema: son posiblesComo considero que no podemos permitir este tipo de situaciones, creo que sería interesante que se introdujera, en la modificación de la
Ley de Vivienda ahora presentada, algo que tuviera en cuenta estas situaciones. Por un lado, una puntuación potente para favorecer el acceso a viviendas de alquiler con o sin opción de compra, de diferentes tipologías en función de las necesidades familiares de la persona separada. Y, paralelamente, potenciar la bolsa de alquiler de viviendas públicas, mediante los convenios y actuaciones inversoras sobre viviendas vacías o inadecuadas de particulares y la construcción de nuevas viviendas dedicadas a alquiler. Algo que, por cierto, no beneficiaría sólo a este colectivo, sino a toda la ciudadanía.
Creo que de esta forma, podría hacerse frente a la situación (en muchos casos transitoria pero siempre difícil) de estas personas, hasta que se recuperasen y decidiesen si quieren optar a otras viviendas o soluciones habitacionales.
Estoy convencida de que vivir dignamente es un derecho, que debemos vigilar que se cumpla por parte de los responsables políticos. Nunca, pero menos en estos momentos de dificultades económicas, la vivienda no debe ser un lujo ni podemos permitir situaciones de vida indecentes en nuestra Comunidad.
Para otros colectivos y otros problemas que me preocupan, seguiremos hablando y comentando. Ahora, hoy, os pregunto por este colectivo. ¿Qué pensáis? Espero aportaciones y críticas, todo será bienvenido. Gracias a tod@s por estar ahí.