En su momento, una serie de circunstancias me hicieron tener un cierto protagonismo en los debates sobre esta actuación, lo que supongo explica las múltiples preguntas que me hacen sobre las noticias de la prensa relativas a Guenduláin. Y eso, a su vez, hace que siga con interés este asunto, y particularmente declaraciones como las de nuestro presidente señor Sanz: "El Ejecutivo deberá analizar la cantidad que podría pagar por esos derechos edificatorios con precios de mercado. La cifra podría ser de 90 millones o de menos, ya se vería. Pero en ningún caso de 200 millones, que es el precio que esperaban los promotores que valiese". Declaraciones que ponen en evidencia lo que piensan los directamente implicados y el porqué a día de hoy no se han pronunciado públicamente (de rositas y con beneficio). Todo ello hace que me sienta obligada a exponer unas reflexiones totalmente personales al respecto, para empezar, que el PSN, antes de surgir Guenduláin, propuso en numerosas iniciativas, incluidas enmiendas presupuestarias, la compra de suelo en la comarca de Pamplona. Todas ellas fueron rechazadas por la mayoría absoluta de UPN-CDN con el argumento de que no era necesario. Después, cuando empieza a hablarse de Guenduláin, nos manifestamos en contra de actuar en esa extensa parcela, porque nuestro objetivo era, primero, evitar una dislocación del crecimiento de la Cuenca de Pamplona, de consecuencias muy graves tanto desde la perspectiva económica, social y ambiental; y, segundo, propiciar el consenso con los ayuntamientos de la comarca para dar respuesta a la demanda de vivienda social y para un crecimiento urbano con visión de futuro.También UPN-CDN rechazó nuestras propuestas. Cuando ya se antojaba irremediable, porque el Gobierno foral avala la actuación de los promotores en Guenduláin, nosotros seguimos estando en contra y pedimos al Ejecutivo que compre ese suelo, a fin de que el liderazgo de planificación sea público. Tampoco se nos hizo ningún caso y el gabinete de Sanz siguió adelante.
A hechos consumados, pusimos en evidencia ante el Gobierno las implicaciones de esta controvertida operación y la existencia de alternativas más razonables y viables para atender la demanda de vivienda social, y por ello, como mal menor, abogamos de nuevo por la adquisición de los terrenos de Guenduláin y la moratoria en el desarrollo. Tampoco se nos atendió; es más, se respondía que era una operación "imaginativa" y "novedosa" que iba a resolver el problema de la vivienda en Navarra. Por el contrario, nosotros pensábamos que se trataba de una iniciativa propiciada y avalada por el sector de la construcción porque buscaba un refugio para el previsible pinchazo de la burbuja inmobiliaria en la demanda cautiva de viviendas de protección pública de la Comarca de Pamplona. UPN y CDN hicieron de nuevo oídos sordos y encargaron el plan sectorial.
A día de hoy, la crisis ha obligado al Gobierno a priorizar los desarrollos de Donapea y de Etxabakoitz. Desarrollos que, junto con los de Lezkairu, Arrosadía, Ardoi, etcétera, más las viviendas desocupadas, cubren holgadamente la demanda residencial a medio y largo plazo de las previsiones más optimistas. Por eso, Guenduláin ha quedado relegado por la fuerza de los hechos al papel de reserva estratégica, sin plazos para su desarrollo, y además hay que recordar que, aunque no se desarrolle, con el condicionado del concurso nadie puede plantear agravios en ningún tribunal. Si se prometieron o comprometieron otras cosas, que se busquen responsabilidades entre quien o quienes corresponda y que los que se consideren agraviados lo expliciten. Las declaraciones de Sanz, en las que no tiene ningún empacho en calificar de incomprensible que el CDN no vea ahora la oportunidad de (sic) "volver al origen, hacer lo que pedía la oposición y al mismo tiempo resolver un problema gravísimo del sector", hacen razonable la duda de dónde está el mayor problema. Si en la vivienda, en las constructoras o en las entidades financieras que tendrían que hacer frente a los impagos y reflejarlos en sus comprometidas cuentas de resultados. Cada palo que aguante su vela, que cada uno de los protagonistas de la situación actual asuma su parte de responsabilidad en la misma (Gobierno de UPN-CDN, promotores y entidades financieras).
Con el convencimiento de que las respuestas hay que buscarlas, evaluarlas y contrastarlas desde la visión del interés general y, adelantando mi postura radicalmente contraria al pago de los "aprovechamientos urbanísticos" (inexistentes), sí podría valorarse la compra del suelo, pero a su valor real, sin expectativas por tanto. En todo caso, lo planteado en los medios como fórmula para ayudar a salir de la crisis al sector inmobiliario navarro, me plantea los siguientes interrogantes como bases para un debate:
Primero, ¿tiene sentido, en las actuales circunstancias, inmovilizar (enterrar sine die ) 90 millones de euros del dinero de todos para ayudar al sector de la construcción-especulación?
Segundo, ¿esta inversión a fondo perdido de 90 millones de euros va a tener como resultado real el mantenimiento de 27.000 puestos de trabajo en la construcción sin pasar factura posterior?
Tercero, si existiera esta factura diferida, ¿cuál sería su costo?
Cuarto, ¿no existen otras formas de ayudar al sector inmobiliario, que a juzgar por los resultados está sobredimensionado, que no sea el hacer más de lo mismo para mantener su capacidad productiva actual, y con ella el empleo de forma temporal?
Y quinto, ¿y pasado mañana qué?, ¿más dinero y ayudas para ajustar el sector a su correcta dimensión?
Ahora y siempre, pero hoy más que nunca, debemos buscar soluciones en beneficio del interés general y no con el simplismo irreflexivo de enterrar el dinero de todos en beneficio de unos pocos, invocando el drama del paro. Claro que con realismo, con imaginación y con el trabajo de todos vamos a salir de la crisis, pero sólo si todos somos plenamente conscientes de que más de lo mismo sólo significa prolongar la angustia sin salvar al paciente.
